La Corte Suprema limita la vigilancia gubernamental por datos de geolocalización
El fallo en Chatrie v. U.S. establece que recopilar datos de ubicación mediante geofences es una búsqueda sujeta a la Cuarta Enmienda.
La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió en el caso Chatrie v. United States que la recopilación gubernamental de datos de ubicación a través de órdenes de geofence constituye una búsqueda bajo la Cuarta Enmienda, lo que exige una orden judicial previa. El tribunal revocó así una decisión del Cuarto Circuito que había validado esta práctica sin dicho requisito.
Las órdenes de geofence permiten a las autoridades solicitar a empresas tecnológicas —entre ellas Alphabet (GOOG, GOOGL), matriz de Google— los registros de todos los dispositivos que estuvieron en un área geográfica determinada durante un período específico. Esta técnica ha sido utilizada ampliamente en investigaciones criminales en los últimos años.
El fallo reafirma el precedente establecido en Carpenter v. United States (2018), en el que el tribunal ya había determinado que los ciudadanos tienen una expectativa legítima de privacidad en su historial de ubicación, incluso cuando esa información es almacenada por terceros como operadoras o plataformas digitales.
La organización New Civil Liberties Alliance (NCLA), que presentó argumentos en el caso, celebró la decisión al considerar que impone límites necesarios a lo que describió como un esquema de vigilancia gubernamental de amplio alcance. La resolución podría tener implicaciones significativas para la forma en que las agencias de seguridad solicitan información a compañías tecnológicas en el futuro.
Según GlobeNewswire Inc., el fallo representa un punto de inflexión en el debate sobre privacidad digital y el alcance de las facultades de vigilancia del Estado en la era de los datos masivos.